Ayuntamiento Estella-Lizarra Udala

La alcaldesa, Marta Ruiz de Alda, y el concejal del área de Derechos Sociales, Carlos Rubio, acompañados por el decano y otra representante del Colegio de la Abogacía de Estella-Lizarra, mantuvieron una reunión la semana pasada con la consejera de Derechos Sociales Maria Carmen Maeztu, y con Ines Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, para trasladar la necesidad de que el Gobierno de Navarra dote a la ciudad de un Punto de Encuentro Familiar (PEF) para dar servicio a toda la Merindad.

Dicha reunión, solicitada por alcaldía el pasado 5 de enero, se produjo coincidiendo con la asistencia de la consejera a la presentación del proyecto de traslado de la residencia pública que va a ejecutar dicho departamento del Gobierno de Navarra al antiguo Instituto Oncineda.

El PEF es un servicio social especializado y gratuito garantizado como derecho en la Cartera de Servicios Sociales que ofrece un espacio de encuentro y una intervención profesional para facilitar de forma temporal el encuentro y relación de los niños y niñas con sus progenitores y familiares cuando se producen situaciones de conflicto causadas por una separación, un divorcio u otras circunstancias que así lo aconsejen y, muy especialmente, en situaciones de violencia de género, donde las visitas con los menores han de realizarse con la máxima prudencia y precaución.

Por ello, el Ayuntamiento entiende que se trata de un servicio fundamental para garantizar el derecho de los menores a mantener el contacto con sus madres, padres y sus familias en un espacio neutral y seguro.

PRÓXIMOS PASOS

Durante la reunión los representantes del Colegio de la Abogacía como máximos conocedores de la realidad  de la comarca, trasladaron a la consejera que además de los casos constatados por el departamento, existen muchos más. No obstante, debido a la imposibilidad de trasladarse a Pamplona o Tafalla dada la situación de vulnerabilidad en la mayoría de los casos, deciden renunciar a este servicio para no incurrir, casi con total seguridad, en un incumplimiento de las medidas, teniendo que realizarse por los letrados una mediación para la realización de las visitas y entregas en puntos policiales, lo cual no es ni lo más adecuado en estas situaciones, ni lo más seguro para los menores.

Tras este primer encuentro se seguirán dando pasos para la constatación de los datos que argumenta el Colegio de la Abogacía sobre la realidad de la Merindad, datos que el departamento se comprometió a estudiar en profundidad y valorarlos. El Ayuntamiento espera que el PEF sea una realidad en la ciudad a la mayor brevedad posible. Cabe recordar que tanto el Ayuntamiento como el Parlamento de Navarra en la pasada legislatura ya aprobaron una moción apoyando la implantación del servicio.